Número 2308 del Catecismo

Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras.

Sin embargo, “mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa” (GS 79).